El acuerdo de potencia energética con el Brasil, firmado el pasado 24 de mayo, se canceló el 1 de agosto. Pero si Pedro Ferreira, ahora extitular de la ANDE no presentaba su renuncia, no conoceríamos los daños que generaba para el país este documento.
Nadie pensó en los siete millones de paraguayos que iban a sufrir un aumento de la tarifa de energía eléctrica. Nadie calculó el debilitamiento económico que la negociación podría generar a la estatal, que en el 2023 buscará duplicar la contratación de energía de Itaipú, tras la revisión del Anexo C del tratado con el país vecino.
Debido a una presión de Brasil, en mayo, el entonces canciller nacional Hugo Saguier Caballero firma el aumento del 5% al 12% la cantidad de potencia más cara por nuestro país, una medida innecesaria según Ferreira, quien sostiene que un aumento al 6% ya era suficiente.
Pero sin sopesar las consecuencias, el negocio se encaminó a un sobrecosto de US$ 350 millones
(G. 2.135 billones). Solo se trataba de un costo inicial, debido a que la cifra solo abarca el ítem de la potencia contratada, pero el acta contempla más ítems perjudiciales para nuestro país.
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