La suspensión en su cargo en el consulado de Formosa, Argentina, del operador político abdista César Escobar Gubo fue solicitada al canciller Antonio Rivas Palacios por uno de los denunciantes del político oficialista.
El abogado Enrique Daniel Quintana Galeano, por cuya denuncia fue imputado días atrás el funcionario consular abogado Escobar Gubo y otros, pidió por nota al canciller y a la ministra de la Función Pública, Cristina Bogado, den “cumplimiento inmediato” del Art. 43 de la Ley 1626/00 de la Función Pública, suspendiendo al investigado por el Ministerio Público.
El Art. 43 de la referida legislación señala que “cuando un funcionario público fuera imputado de hechos tipificados como punibles, será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso. Si hubiese sido absuelto o sobreseído definitivamente en el proceso penal respectivo, el funcionario será repuesto en el cargo que desempeñaba en el tiempo de la suspensión o en otro equivalente”.
Escobar Gubo, nombrado en febrero pasado por el presidente Mario Abdo Benítez en el consultado de Formosa con el rango de “cónsul de primera”, fue imputado por presunta “apropiación, producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad” por la fiscala Stella Mary Cano.
El imputado, por tener la categoría D26, según el decreto 1214 de su designación, cobra alrededor de G. 40 millones mensuales. Conforme a la planilla de sueldos del Ministerio de Relaciones Exteriores, el militante colorado percibe G. 28.845.515 como sueldo y un subsidio de alquiler de G. 10.461.000, en total G. 39.306.515.
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