Yan Speranza, Presidente del Club de Ejecutivos del Paraguay.
En pleno estudio y tratamiento de la Ley del Presupuesto para el año entrante, vemos con mucha preocupación el desfile de instituciones que se presentan ante la Comisión Bicameral del Congreso con pedidos de aumentos significativos en sus asignaciones, particularmente en salarios. En realidad, la situación no es para nada nueva y los temores no pueden ser considerados infundados, pues existen antecedentes negativos que nos han traído enormes problemas como sociedad.
Hay que recordar en ese sentido lo que sucedió en el año 2011, cuando el Congreso de ese entonces aprobó un presupuesto para el año siguiente con un incremento salarial generalizado en el orden del 34% para el sector público.
Dicha decisión irracional desde el punto de vista del ordenamiento y equilibrio presupuestario del país significó un aumento automático de unos 800 millones de dólares en salarios. Y no olvidemos que esa erogación extra ya se mantiene a lo largo de los años, puesto que no se puede volver atrás cuando se trata de este tipo de gastos rígidos.
De hecho, ese momento crítico marcó la etapa desde la cual nuestro presupuesto anual entró en déficit y debimos consumir de manera acelerada todos los ahorros o excedentes superavitarios que se habían logrado en años anteriores.
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