Está en marcha un pacto de impunidad para frenar los procesos e investigaciones de los legisladores que están en la mira de la justicia, que ya se inició con el blanqueo del diputado excartista Carlos Núñez Salinas, quien estuvo acusado por un millonario contrabando de artículos electrónicos. Existen nueve parlamentarios procesados por supuestos hechos de corrupción y un blanqueado, de los cuales seis son colorados y cuatro liberales.
El senador colorado cartista Víctor Bogado está acusado por el caso de “niñera de oro”. Gabriela Quintana fue nombrada en Diputados y tenía un sueldo de G. 13.237.400, pero bajo la presidencia del entonces diputado Bogado fue contratada en Itaipú en el 2013, a pedido del legislador. Luego que se descubrió que la “niñera de oro” tenía doble remuneración, devolvió G. 71.783.470 que fue lo que cobró sin trabajar en Itaipú.
El senador efrainista Enrique Salyn Buzarquis está acusado por haber causado un perjuicio de US$ 600 millones al Estado, al firmar un convenio con la empresa italiana ANAS, para estudios de suelo en el Chaco y en Ñeembucú, sin la autorización. La Fiscalía sostiene que este convenio del 2012 era innecesario porque el estudio ya había sido realizado. Además, Buzarquis fue imputado por uso de un certificado médico falso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, de Añetete, está investigado por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. El concejal municipal de Ybycuí Esequiel Cáceres (PDP) denunció la mala utilización del rubro combustible por G. 1200 millones del periodo 2016, cuando Cuevas se desempeñaba como gobernador del departamento de Paraguarí. Se cargaba combustibles a vehículos en desuso.
El diputado excartista Carlos Núñez Salinas fue blanqueado por un caso de contrabando. La acusación reveló que la firma Intercom Ingeniería SA, presidida por Núñez, despachó en el año 2011 un total de 11 ruteadores. En el instrumento de Aduanas se hizo figurar un costo de US$ 17.706 sobre el que se liquidó el impuesto. Luego se constató que el valor real era de US$ 1.026.028 y en realidad se trataba de 31 decodificadores de TV.
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