La Constitución dice que “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”, de modo que “no se admiten discriminaciones” en función del sexo, de la raza, del dinero, del credo político o religioso o de cualquier otra condición personal. La norma siguiente dice que el Estado debe garantizar, entre otras cosas, “la igualdad ante las leyes”, lo que supone la igualdad ante quienes las aplican o deben aplicarlas. Debe señalarse, sin embargo, que hay diferente tratamiento cuando se trata de una ocupación por campesinos “sin tierra”, que son rechazados por orden judicial o por guardias privados, y el caso de los ocupantes vip de Remansito, en que parecería que se busca blanquearlos con apoyo en las altas esferas.
Según el art. 46 de la Constitución, “todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos”, de modo que “no se admiten discriminaciones” en función del sexo, de la raza, del dinero, del credo político o religioso o de cualquier otra condición personal. La norma siguiente dice que el Estado debe garantizar, entre otras cosas, “la igualdad ante las leyes”, lo que supone la igualdad ante quienes las aplican o deben aplicarlas: si no hay un motivo razonable, las personas no deben ser tratadas en forma diferente. La violación de estos principios básicos del Estado de derecho,...
Nadie ignora que en el Paraguay la Justicia no tiene los ojos vendados ni que las autoridades suelen actuar o dejar de hacerlo según la cara del cliente; es lo que se está viendo en el indignante caso de la evidente ocupación ilícita de la finca 916 de Villa Hayes, por parte de numerosos intrusos que no viven precisamente en la miseria, de los que al menos ha trascendido una veintena de nombres. El escándalo estalló el 27 de septiembre, cuando las senadoras Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y Celeste Amarilla (PLRA) denunciaron el despojo perpetrado en virtud de una ley, sancionada...
El 1 de octubre, ese Ministerio anunció que estaba buscando con la Procuraduría General de la República una estrategia para recuperar la fracción de 131 hectáreas: ella incluiría un eventual pedido de desalojo de los intrusos. El 3 de octubre, este último órgano informó que, cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, inició acciones judiciales para defender el patrimonio público. Ese mismo día, el juez José Villalba visitó el sitio en cuestión con el fin de “colectar elementos o informaciones para iniciar una demanda” y llamó a los presuntos implicados en el hecho punible a...
Y bien, lo habrían estado poseyendo en forma ilegítima desde al menos 2016, sin que el Estado hubiera tomado nota de una situación que no se generó de la noche a la mañana.
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