Cuando fue presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos y su entonces ministro de Obras, Rogelio Benítez, se hospedaron en París, Francia, en el Gran Hotel Intercontinental. Ambos se retiraron sin saldar la deuda. La factura se emitió a nombre del ex presidente y del ministro. El hotel reclamó el pago a la embajada, pero el entonces jefe de misión se negó a saldar la deuda, por lo que la prestigiosa cadena hotelera amenazó con una demanda al Estado paraguayo e informó del hecho al Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Duarte Frutos expuso al Paraguay a un papelón internacional por dejar un “clavo” en el hotel, según consta en un informe oficial de auditoría de Cancillería nunca antes difundido.
Un informe de auditoría interna del Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país a la Embajada de Francia (2008), que nunca se hizo público, revela un anecdótico caso que casi le costó una demanda al Estado paraguayo, además de un bochorno a nivel internacional, protagonizado por el ex presidente de la República Nicanor Duarte Frutos, hoy director de la Entidad Binacional Yacyretá, y por el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rogelio Benítez, futuro embajador paraguayo ante la República del Uruguay. Nuestro diario accedió al informe final de la Dirección de...
La segunda sugerencia detallada en el informe fue: “Considerando la urgencia del caso, y a fin de evitar la presentación de una queja en contra del Estado paraguayo, se recomienda al embajador Luis Fernando Ávalos la cancelación de la deuda, hasta tanto sean impresos los trámites para su reembolso, según la disponibilidad presupuestaria del Poder Ejecutivo. Ello responde a lo dispuesto por el artículo 31, inciso A de la Ley Nº 1.335/99 ‘Del Servicio Diplomático y Consular del Paraguay’, en concordancia con los artículos 31 y 32 de la Ley 1.635/2000 ‘Ley Orgánica del Ministerio de...
En el documento también se lee el descargo que había realizado al respecto el jefe de misión: “Como lo anuncia este subtítulo, la deuda contraída, que fue debidamente informada en reiteradas ocasiones al Ministerio de Relaciones Exteriores, es del Estado paraguayo y no corresponde a los diplomáticos ni al jefe de la misión cancelarla, ya que se estaría sentando un precedente que no tiene jurisprudencia hasta ahora. Las disposiciones legales mencionadas no deben ser entendidas, a juicio del jefe de la misión, como acordado a este una obligación de sustituir al Estado en lo que se...
Leer la nota completa en Diario La Nación