La abogada y activista social Esther Roa durante una entrevista a ABC TV, dijo que el Ministerio Público debió allanar las oficinas del Recursos Humanos de ambas cámaras del Congreso para incautar el legajo de los funcionarios indiciados.
Roa señaló que la fiscalía pierde tiempo con pedidos de informes reiterados a Diputados y Senadores teniendo la facultad de acudir y sustraer esos documentos para evitar que los mismos sean manipulados.
Agregó que como sociedad civil harán un seguimiento de esta causa y pedirán diligencias a los tres fiscales que indagan el caso donde están salpicados de haber accedido a cargos sin mérito ni concurso, bajo la figura del cargo confianza los hijos del propio vicepresidente de la República Pedro Alliana y del Congreso Silvio Beto Ovelar, entre otros.
Recientemente, un grupo de abogados presentó una denuncia al Ministerio Público por tres tipos penales, la lesión de confianza, el cobro indebido de honorarios y tráfico de influencia.
La Coordinadora anticorrupción busca participar activamente de esta investigación para evitar que el caso quede impune.
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