La preocupación expresada por la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez al presidente de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez acerca del exceso de recursos dilatorios que paralizan varias causas penales, desencadenó un amplio debate que dejó al descubierto una serie de situaciones que pintan de cuerpo entero la morosidad que impera en el Poder Judicial.
Las recusaciones en masa a fiscales, jueces, camaristas y ministros, sumadas a las inhibiciones en cadena, se presentan como los principales obstáculos para el normal desarrollo de un proceso. A ello se suma la excesiva dilación de las autoridades judiciales al apartarse de las causas y también en resolver las cuestiones planteadas.
El resultado de esta mezcla de situaciones son expedientes que superan los 10 años de litigio y numerosas causas que se quedan en la impunidad, por prescripción. Las exposiciones de los ministros que dejan al descubierto las falencias del sistema se transcriben en la página opuesta.
La mora no es un problema nuevo en el Poder Judicial -de hecho el presidente de la Corte Suprema de Justicia la calificó como un “mal endémico” en la sesión pasada- pero lo nuevo es que ahora, al parecer, las medidas a ser tomadas para combatirla no quedarán sólo en el discurso.
Medidas adoptadas En ese sentido, la máxima instancia judicial ha implementado medidas a corto y largo plazo para poner coto a este descalabro. Por un lado, a iniciativa del ministro Eugenio Jiménez Rolón, la sala civil y comercial ha dispuesto remitir a la Superintendencia de Justicia los antecedentes de los abogados “chicaneros”, para la instrucción del sumario y aplicación de sanciones correspondientes, en la misma resolución que resuelve el recurso dilatorio.
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