<p>En virtud de publicaciones periodisticas en relacion a un operativo fiscal- policial sobre un supuesto caso de extorsion a cambio de acuerdos judiciales que afectan al Juzgado Penal de Garantias N° 1 de Capiata, correspondiente a la Circunscripcion Judicial de Central, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia en su caracter de superintendente, doctor Eugenio Jimenez Rolon dispuso la realizacion de una auditoria de reaccion inmediata. Asi tambien solicito la instruccion de sumario administrativo al abogado Farid Gustavo Gonzalez, con matricula N° 11.007 para determinar la existencia de hechos que puedan configurarse como faltas administrativas.</p>
SOLICITÓ INSTRUCCIÓN DE SUMARIO ANTE HECHOS QUE PODRÍAN AMERITAR MEDIDAS DISCIPLINARIAS En virtud de publicaciones periodísticas en relación a un operativo fiscal- policial sobre un supuesto caso de extorsión a cambio de acuerdos judiciales que afectan al Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Capiatá, correspondiente a la Circunscripción Judicial de Central, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia en su carácter de superintendente, doctor Eugenio Jiménez Rolón dispuso la realización de una auditoría de reacción inmediata. Así también solicitó la instrucción de sumario administrativo al...
El ministro Jiménez Rolón, a través de una nota dirigida a la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional dispuso la realización de una auditoría de reacción inmediata al Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Capiatá .
Así también solicitó al presidente del Consejo de Superintendencia, doctor César Diesel, la instrucción de sumario administrativo al abogado Farid Gustavo González, con matrícula N° 11.007, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4 de la Ley N° 609/95 y por el Artículo 3 de la Acordada N° 1597/21, a fin de determinar la existencia o no de hechos que pudieran configurar faltas administrativas, y que, eventualmente, ameriten la aplicación de alguna medida disciplinaria.
En ese contexto se aclara que el pedido se realiza en consideración con lo establecido por el Artículo 9 de la citada Acordada, que consagra la independencia de la responsabilidad administrativa; y sin perjuicio de lo previsto por el Artículo 55 de la misma Acordada, que regula la relación entre el procedimiento disciplinario y el proceso penal.
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