El hombre que fiscaliza la fotocopia de algunos documentos del Senado y su unión con una presilladora en hasta siete folletines por día, y la mujer que levanta el tubo del teléfono y comunica a ocasionales llamadores con la oficina de algún legislador cobran poco más de 21 millones de guaraníes por mes, lo equivalente a nueve salarios mínimos; Bajo esta lógica torcida, la creación de cargos públicos y la asignación de salarios no guardan la menor relación con las necesidades del Estado y mucho menos con las del contribuyente que financia este reparto. Reto a cualquiera de los defensores del modelo a que explique cuál es el beneficio que le reporta al pagador compulsivo de impuestos, la oficina que imprime folletines en el Senado, con un costo superior a los 45 millones de guaraníes por mes, o el gestor de análisis laboratoriales de la Cámara Alta, con una asignación mensual de más de 14 millones de guaraníes. El clientelismo político no solo desangra las arcas públicas con el pago de salarios absurdos y por servicios innecesarios, sino también distorsiona, y a menudo destruye, al Estado como herramienta para aplicar políticas públicas.
El hombre que fiscaliza la fotocopia de algunos documentos del Senado y su unión con una presilladora en hasta siete folletines por día, y la mujer que levanta el tubo del teléfono y comunica a ocasionales llamadores con la oficina de algún legislador cobran poco más de 21 millones de guaraníes por mes, lo equivalente a nueve salarios mínimos; la directora del Ministerio de Salud, responsable de monitorear y enfrentar las epidemias de dengue, Covid, chikungunya y zika –sumando sus dos vínculos médicos y una cátedra en la universidad– alcanza 15 millones de guaraníes mensuales.
Esta comparación de funciones y salarios gráfica de manera ejemplar el particular modelo meritocrático instalado en el Estado por los sucesivos gobiernos colorados, y replicado sin pudor por los demás partidos.
De acuerdo con este notable sistema de valoración, el derecho a ocupar un lugar en la nómina pública y la remuneración asignada dependen del cumplimiento de determinados requisitos que nada tienen que ver con la formación académica, la experiencia laboral o la probidad. En una escala de importancia de mayor a menor prevalecen en los primeros lugares el parentesco, la vinculación emotiva y carnal, la incondicionalidad partidaria y las dotes de zalamería y alpinismo republicano.
Bajo esta lógica torcida, la creación de cargos públicos y la asignación de salarios no guardan la menor relación con las necesidades del Estado y mucho menos con las del contribuyente que financia este reparto. Reto a cualquiera de los defensores del modelo a que explique cuál es el beneficio que le reporta al pagador compulsivo de impuestos, la oficina que imprime folletines en el Senado, con un costo superior a los 45 millones de guaraníes por mes, o el gestor de análisis laboratoriales de la Cámara Alta, con una asignación mensual de más de 14 millones de guaraníes.
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