El juez Humberto Otazú dictó medidas de vigilancia para tres de los siete imputados por un supuesto perjuicio patrimonial de G. 418.522.196 al Indert, entre 2014 y 2016, con obras para la distribución de agua potable en San Pedro, Caaguazú y Guairá, por representantes de organizaciones no gubernamentales.
A la audiencia de imposición de medidas se presentaron, el viernes, la Miryan Nancy Giménez de Pereira (56), extitular de la organización “Desde abajo hacia un desarrollo íntegro social” (Dadis); Abel Ricardo Florentín Serafini (32) y Arnaldo Andrés Riveros Paredes (34), presidente y tesorero, respectivamente, de la “Asociación de Voluntarios para los Servicios Voluntarios” (Asovservic), ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú.
El magistrado dispuso la prohibición de cambiar de, domicilio y número de celular; obligación de presentarse al juzgado entre los días 1 y 10 de cada mes. En cada caso se aceptó la caución real, en el caso de Riveros y Florentín, ofrecieron un inmueble en General Aquino y una camioneta Chevrolet S10, respectivamente, hasta cubrir la suma de G. 200 millones.
Si bien también se presentó el fiscal de Choré (San Pedro) Florencio Pereira Rodas (58), esposo de Miryan Giménez, a este no se le impusieron medidas debido a que aún cuenta con fueros. El fiscal del caso Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, pidió su desafuero al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Por su parte, el otro imputado Santiago Vicente Ochipinti Beterette (60), director del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides) del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), cumple actualmente una condena de 3 años en la Unidad Penitenciaria Industrial La Esperanza.
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