Los políticos que están detrás de un intento de legalizar un impúdico saqueo de casi 1.000 millones de dólares a la República no se rinden. El senador Miguel Fulgencio Rodríguez, uno de los proyectistas, convocó para hoy a una “audiencia pública” –a la que previsiblemente asistirán en patota los interesados– para “discutir” la ley de “compensación histórica” a extrabajadores de empresas contratistas y subcontratistas de Itaipú, correctamente vetada por el Poder Ejecutivo. La misma otorga una descabellada indemnización a personas que nunca estuvieron en relación de dependencia con el Estado paraguayo, ni directamente con la entidad binacional, al margen de las leyes ordinarias, por vínculos laborales de entre 20 y 50 años atrás, por un monto que es más que todo lo que recibe anualmente el país por royalties y por cesión de energía. Al respecto ya se debatió todo lo que había que debatir, ya no hay nada más que discutir. Para llamarla por su nombre, esta ley no es otra cosa que un gigantesco intento de fraude contra el patrimonio del Paraguay y de los paraguayos.
Mayoría parlamentaria involucrada en intento de fraude a los paraguayos
Insólitamente, los dos principales argumentos esgrimidos son, por un lado, que supuestamente en Brasil se pagó una compensación similar y, por el otro, que “no es dinero del Estado” e “Itaipú tiene mucha plata”, como increíblemente declaró la senadora Hermelinda Alvarenga (PLRA). Ambos argumentos, además de inauditos, son falsos.
Itaipú aclaró mediante un comunicado emitido ya en junio de 2022, previamente a la aprobación de la ley, que en la margen izquierda (Brasil) nunca se pagaron indemnizaciones a extrabajadores de contratistas y subcontratistas, locadores o sublocadores de servicios, como codician hacerlo aquí. Sí hubo un pago a trabajadores directos de Itaipú en concepto de adicional de peligrosidad por riesgo eléctrico como resultado de una sentencia judicial, por acción presentada en tiempo y forma, antes de la prescripción.
Pero aun si en Brasil se hubiesen realizado pagos indebidos a terceros con fondos de Itaipú, lo que correspondería sería exigir una investigación por lesión de confianza contra el patrimonio condómino de la entidad binacional, y de ninguna manera “equiparar” la misma defraudación del lado paraguayo.
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