Lo pagado por Metrobús está documentado e imputación es revanchismo político, sostienen

Lo pagado por Metrobús está documentado e imputación es revanchismo político, sostienen

Todos los pagos hechos en concepto del proyecto Metrobús están documentados y fueron aprobados tanto por fiscalizadores como por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que no objetó ningún aspecto del proyecto. En el caso, están acusados el exministro Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra, Marta Benítez. En un escrito remitido a El Observador, por […]

Todos los pagos hechos en concepto del proyecto Metrobús están documentados y fueron aprobados tanto por fiscalizadores como por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que no objetó ningún aspecto del proyecto. En el caso, están acusados el exministro Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra, Marta Benítez.

En un escrito remitido a El Observador, por los asesores del exministro, se explica que el proyecto METROBÚS es transversal a varios gobiernos desde su origen en 1998 y su cancelación en febrero del 2020. Su inicio y ejecución de obras se da en el gobierno de Horacio Cartes, por mandato del Congreso Nacional.

“Todo apunta a que la imputación fiscal por lesión de confianza al exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, obedece a motivaciones y revanchismos políticos, teniendo en cuenta que todos los pagos realizados durante su gestión están documentados y fueron aprobados por un consorcio internacional de empresas fiscalizadoras integrada por las empresas Typsa-Incosa-Ingeneg. Además, tuvieron el consentimiento y conformidad (No Objeción) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien era el dueño del dinero”, refiere parte de la nota.

“Se estima que el peritaje realizado por la Fiscalía General, y entregado recién después de la imputación, también coincida con los demás peritajes existentes (fiscalizadora internacional y el BID). No existen fundamentos para sostener el supuesto delito de lesión de confianza y menos el de daño patrimonial, teniendo en cuenta que la suspensión y destrucción de las obras realizadas correspondió al gobierno de Mario Abdo Benítez”.

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El Observador
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