Otro año pasó sin que políticos procesados por presuntos hechos de corrupción enfrenten un juicio oral. La Corte Suprema mantiene una actitud permisiva con las chicanas y la morosidad de sus propios ministros. El Poder Judicial sigue su práctica habitual con políticos en la mira del Ministerio Público: expedientes cajoneados, sanciones insignificantes y procesos interminables. Si bien este año hubo señales positivas en casos como el de Óscar González Daher y Javier Díaz Verón, la lentitud de la Justicia ya no puede ser un factor que contribuya a la impunidad de la clase política.
Hace más de cinco meses que la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder el expediente del diputado colorado de Paraguarí Tomás Éver Rivas. El legislador fue imputado luego de una investigación de este diario que demostró que hizo figurar como funcionarios a su cargo en la Cámara Baja a tres personas que en realidad solo trabajaban como empleados en sus propiedades. Es decir, que el parlamentario engañó al Estado usando fondos públicos para pagar a sus empleados privados.
A pesar de la gravedad del caso, la Sala Penal de la Corte sigue sin resolver una insólita apelación planteada por la defensa del diputado en contra del pedido de desafuero realizado por un juzgado a la Cámara de Diputados. A raíz de esta demora de la máxima instancia judicial, Rivas aún ni siquiera fue procesado, a pesar de haber sido imputado ya en mayo de este año. Este caso es un mero ejemplo de la tibieza del Poder Judicial a la hora de procesar a parlamentarios y dirigentes políticos de peso. Este año, la Justicia fue nuevamente incapaz de concluir sendas causas penales a miembros de...
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