Desde hace 50 días la República del Paraguay sabe que lo mínimo que puede decir del presidente –con permiso– de la Corte Suprema de Justicia y ministro, Antonio Fretes, es que es un sinvergüenza: ha perdido la dignidad, está ensuciando el cargo de la más alta magistratura judicial y ya ni hablemos de honorabilidad, un tratamiento que está lejos de merecer. Según el titular del Consejo de la Magistratura, Óscar Paciello, el norte que tienen previsto como brújula para el próximo ministro o ministra que llegue a la Corte, el atributo insustituible y la gema en cuya búsqueda persistirán, es la honorabilidad. Se entiende que esta palabra se sostiene sobre todo en la honradez, en el respeto que inspira a los demás por su reputación o sus cualidades morales, cualidades todas que Fretes pareciera haber perdido hace mucho tiempo.
El 17 de noviembre del 2022 el país asistió al primer desnudo del todavía ministro de la Corte cuando se destapó un contrato firmado por su hijo Amílcar, exfuncionario de Itaipú. En su carácter de abogado, según el documento, recibía unos 368.000 dólares por firmar un compromiso para hallar una “salida jurídica” a la solicitud de extradición hecha por los EE.UU. sobre Kassem Hijazi, un brasileño de origen libanés naturalizado paraguayo, acusado por el norte de lavado de dinero y hasta supuesto financiamiento del terrorismo. Lejos de desmentir lo que parecería ser una coima o un soborno...
Sin embargo, las revelaciones malolientes y la podredumbre de la sinvergüencería no pararon en la escandalosa revelación de un contrato que trajo aparejadas enormes contradicciones entre todos los protagonistas y una sola certeza: existió, fue firmado y consumado. Desde ese día la ciudadanía ha estado asistiendo a revelaciones de millonarias operaciones financieras del ministro Antonio Fretes, quien ejerce un cargo desde el cual, según exigencia de la Constitución Nacional, NUNCA pudo haber realizado negocio alguno que no fuera ejercer la magistratura o la docencia.
Sin ningún rubor, el todavía ministro permaneció en silencio mientras todas las publicaciones apuntaban solamente a su hijo Asdrúbal Fretes Valenzano y a una abogada de modestos orígenes, Lourdes González Gómez, como los líderes de un clan que manejaba negocios inmobiliarios urbanos y rurales, préstamos bancarios, agroganaderos, cobranzas y otros. Sin embargo, la aparición de una caja de seguridad en un banco, abierta por una de las empresas del clan Fretes, y que tenía como primer beneficiario final al propio ministro de la Corte, habría de ser solamente la punta de un gigantesco iceberg...
Hoy día se sabe que gran parte de la fortuna llegó a estar a nombre de Fretes. Y que cuando apeligró que se supiera que él era el dueño del dineral por la entrada en vigencia de la ley de transparencia de Sociedades Anónimas, habría nombrado varios testaferros a cuyos nombres puso su fortuna; entre ellos aparecen familiares y compueblanos. Invertía en operaciones financieras, adquiría bienes millonarios usando dinero en efectivo, una modalidad que aparece en los manuales más básicos que previenen el lavado de dinero. Y mientras hacía magistrales jugadas con negocios y dinero, iba firmando...
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