Uno de los aspectos centrales que tendría que estudiarse en una próxima Convención Nacional Constituyente es el rol de la Contraloría General de la República, entidad que hoy, por disposición de la Corte Suprema de Justicia prácticamente carece de facultad para revisar las cuentas públicas. El pasado 30 de diciembre la Sala Constitucional hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, en contra del organismo contralor que pretendía auditar documentos que tienen relación a los gastos en el Río Pilcomayo. Según...
Uno de los aspectos centrales que tendría que estudiarse en una próxima Convención Nacional Constituyente es el rol de la Contraloría General de la República, entidad que hoy, por disposición de la Corte Suprema de Justicia prácticamente carece de facultad para revisar las cuentas públicas. El pasado 30 de diciembre la Sala Constitucional hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada por el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, en contra del organismo contralor que pretendía auditar documentos que tienen relación a los gastos en el Río Pilcomayo.
Según analistas con esta decisión, que se suma a otras similares, se resta totalmente poder a la Contraloría, que en estas condiciones no tiene sentido su existencia. Otros que presentaron la misma acción son el senador Víctor Bogado, Javier Díaz Verón, Fiscal General del Estado, el ministro de la Corte Antonio Fretes y el ex ministro de la SEM, Camilo Soares.
La presentación fue contra los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 2248/03, que en su momento le retiró al Tribunal de Cuentas la atribución de juzgar las cuentas estatales y por supuesto, dando amplias atribuciones al ente contralor.
En su momento los asesores jurídicos del Ministerio de Obras Públicas habían explicado que al interponer dicho recurso, lo que buscaban era la presentación de los documentos simultáneamente a la Contraloría y al Tribunal de Cuentas, para que este último juzgue las auditorías realizadas por aquella en torno a las denuncias de posibles ilícitos en los trabajos de canalización del río Pilcomayo realizados por funcionarios del MOPC.
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