El Chief of Justice Mar- shall, en 1821, expresó: “Es muy cierto que este tribunal no asumirá jurisdicción si no debe; pero es igualmente cierto que debe ejercer jurisdicción cuando le corresponde. Nosotros no podemos pasarla por alto porque es dudosa. Cualesquiera sean las dudas o dificultades que presente un caso, debemos definirlo, si es traído ante nosotros. No tenemos más derecho a declinar el ejercicio de la jurisdicción que nos es conferida, que el de usurpar la que no nos es dada. Todo lo que podemos hacer es ejercitar nuestra mejor capacidad de juzgar, y conscientemente cumplir con nuestro deber”.
Estará en manos de la Corte Suprema de Justicia ratificar o no la vigencia y respeto de la Constitución Paraguaya últimamente avasallada por uno de los Poderes; el Congreso para ser más exacto cuyos miembros han jurado respetarla, pero, paradójicamente su Pdte. sin atisbo de vergüenza alguna ha expresado públicamente que de ser adverso el fallo de la cuestión sometida a estudio de aquella NO LO RESPETARÁN pese a que el texto de la Constitución permite sostener que todos los funcionarios y en particular los legis- ladores están obligados a respetarla.
En efecto, la cuestión que se ha sometido a estudio de la Corte es la que hace a la destitución de la senadora Kattya González por parte de sus pares, senadores, considerada por la misma de violatoria a la Constitución. El argumento, la violación del debido proceso. El Congreso, por su parte, que es una cuestión política ajena a la intervención judicial. De potestades hablan, de cuestiones políticas.
Ahora bien, hay que subrayar que la línea que diferencia lo político de lo jurídico es considerablemente delgada y es la Corte como guardián y custodio de la Constitución, la que interpreta, la cumple y la hace cumplir. No hay mejor prueba de ello que las maleabilidades que revela el copioso material jurisprudencial que da cuerpo a la doctrina de las cuestiones políticas.
Se entiende por cuestiones políticas aquellas que la Corte así considera y contra esto no hay nada qué hacer porque la Corte es el intérprete final de la Constitución, no es el Congreso, menos su circunstancial Pdte. La cuestión será política cuando se le niegue su carácter judicial. No obstante, cualquier materia es potencialmente susceptible de ser presentada como una cuestión judicial, por lo que es ineludible que el Poder Judicial deba pronunciarse sobre cualquier materia; incluso cuando sea política, aunque solo para esclarecer o dilucidar que ella no es judicial.
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