QUYQUYHÓ (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). La Contraloría General de la República (CGR) solicitó a la Presidencia de la Junta Municipal un informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de la intendenta Patricia Corvalán, esposa del imputado diputado Esteban Samaniego (ANR-Añetete).
El pedido se enmarca en la denuncia de un grupo de concejales sobre el supuesto uso irregular de recursos del Fonacide.
La nota Nº 5108 firmada por el contralor general, Camilo Benítez Aldana, solicita informes en base a la nota presentada por la Junta Municipal en agosto del año pasado, en la que consta que por resolución se rechazó el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación para el mantenimiento de aulas de la escuela Fulgencio Yegros de esta ciudad con recursos del Fonacide, y también para la provisión del almuerzo escolar para unas 15 instituciones. Ambos casos fueron comunicados a la Contraloría, a Hacienda y a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Al respecto, consultamos con la presidenta de la Junta Municipal, Natividad Morel (Unace), quien manifestó que el viernes contestaron al Contralor y que se informó sobre las permanentes denuncias presentadas ante la Fiscalía y demás instituciones citadas, por el manejo irregular de los fondos municipales por parte de la jefa comunal, Patricia Corvalán, y por el exintendente y actual diputado Esteban Samaniego.
Se incluyó que desde diciembre del 2017, bajo la administración de Samaniego, varios concejales no cobraron su aguinaldo y desde el 2018 hasta la fecha, bajo la gestión de Corvalán, cinco concejales no percibieron sus dietas y aguinaldos, por lo que la denunciaron por apropiación.
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