La decisión adoptada recientemente por ministros de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional el artículo 19 de la Ley 609, que Organiza la Corte Suprema de Justicia, implica que los accionantes permanecerán en el cargo hasta la edad de setenta y cinco años. Esta cuestión, desde el punto de vista jurídico, seguirá en debate, atendiendo que la crítica a las sentencias es un derecho que forma parte del sistema democrático. Sin embargo, la conducta de los ministros que promovieron la acción no ha estado acorde con lo que se espera de ellos. Violaron disposiciones del Código Procesal Civil y del Código de Ética Judicial.
La responsabilidad principal de los servidores públicos, en general, y de los integrantes de los Poderes del Estado, en particular, es generar confianza en su vocación democrática de respeto a la ley mediante sus actos. Este comportamiento constante e inequívoco es el que termina por dar fortaleza institucional a los distintos organismos del Estado.
La decisión adoptada recientemente por parte de los ministros de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias 671 y 672 del 25 de noviembre de este año, declarando inconstitucional el artículo 19 de la Ley 609, que Organiza la Corte Suprema de Justicia, implica que los accionantes permanecerán en el cargo hasta la edad de setenta y cinco años.
Esta cuestión, desde el punto de vista jurídico, seguirá en debate más allá de la postura actual de los integrantes de la máxima instancia judicial, partiendo de la base que la crítica a las sentencias es un derecho que forma parte del sistema democrático.
Sin embargo, la conducta de los ministros Carolina Llanes, Eugenio Jiménez, Manuel Ramírez, Alberto Martínez y César Diesel no ha estado acorde con lo que se espera de ellos. Presentaron una acción de inconstitucionalidad por sentirse afectados por el artículo 19 de la citada Ley 609, lo cual no es considerado admisible normalmente por la máxima instancia en otros casos, ya que no existe un acto concreto que les afecte. Distinto hubiese sido que accionen contra la resolución del Senado que los designó por cinco años.
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