El 7 de agosto, el Congreso creó una transitoria Comisión Conjunta de Investigación sobre “hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos” (CCI), integrada, entre otros, por algunos cuestionados legisladores. En realidad, lo que al parecer se busca es amedrentar a este diario y cohibir las actividades de ciertas organizaciones sin fines de lucro que, por razones políticas, no cuentan con la simpatía gubernamental. Pues bien, el destino de muchos paraguayos está en manos de estos modernos “garroteros”, que con los efectos de sus acciones no tienen nada que envidiar a los que encabezaba el “moderador” de la Chacarita, el tristemente célebre Ramón Aquino, hoy fallecido. El Congreso carece de autoridad moral para examinar la conducta de nadie, debido a la notoria inconducta de muchos de sus miembros. En todo caso, una CCI debería empezar por investigar en el propio Palacio Legislativo.
El 7 de agosto, el Congreso creó una transitoria Comisión Conjunta de Investigación sobre “hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos” (CCI), integrada por los senadores Dionisio Amarilla (ex-PLRA, cartista), Colym Soroka (ANR, independiente) y Gustavo Leite (ANR, cartista), y por los diputados Rodrigo Gamarra (ANR, cartista), Héctor Figueredo (ANR, cartista) y Jatar Fernández (tránsfuga de Cruzada Nacional, hoy cartista). El senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) dijo que la CCI responde a “la preocupación ciudadana por...
Por lo confesado repetidamente por algunos referentes del cartismo, buscan amedrentar a este diario y desalentar las actividades de algunas organizaciones sin fines de lucro que, por razones políticas, no cuentan con la simpatía gubernamental. El apelativo de “garrote” le está bien puesto, atendiendo también a que está presidida por Dionisio Amarilla, quien ya fue privado de su investidura senatorial en el anterior periodo legislativo por uso indebido de influencias. Este mismo averiado personaje expulsado de su Cámara fue quien tuvo el descaro de argumentar la repudiable exclusión de su...
La CCI es muy diligente pues ya ha reclamado informes a 34 organizaciones. El realizado a un estudio jurídico, Colab Abogados EAS (Empresa por Acciones Simplificadas), alude nada menos que a fondos proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través del sistema financiero bancario, al decir del bufete, en el marco precisamente de un proyecto ya concluido para fortalecer el Estado de derecho y combatir la corrupción. En su contundente respuesta, los voceros del estudio jurídico de referencia, Jorge Ignacio Gross Brown Abreu y Mauricio Salgueiro,...
Los abogados de la firma destinataria de la breve nota de la CCI sostienen que ella atenta contra el Estado de derecho, la democracia y las garantías constitucionales, al pedir información privada a una empresa de igual índole, “inspirándose en el mismo Torquemada”. Comprensiblemente, no pueden imaginarse cómo un proyecto financiado por el Gobierno de los Estados Unidos puede ser relacionado con el objeto de la CCI. Agregan que los legisladores fueron electos para actuar dentro de la legalidad, por lo que consideran que “el ciudadano no tiene por qué someterse a sus caprichos” y ellos deben...
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