En el sistema de estados, a diferencia del sistema imperial, la soberanía, independencia, e igualdad, son las bases del sistema. Por consiguiente, tanto los estados como el sistema internacional procuran proteger la independencia de los estados, y razonablemente aislar su política doméstica de las injerencias extranjeras, como está previsto en la Carta de Naciones Unidas.
La Convención de Viena, en consideración a esto, establece en su art. 52º, que todo tratado que se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios del derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas es nulo.
Entre los principios del derecho internacional enumerados en la Carta están el respeto al principio de igualdad de derechos, libre determinación de los pueblos, la no intervención en asuntos de jurisdicción interna. Los miembros de Naciones Unidas, en sus relaciones internacionales, se “abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de Naciones”.
La doctrina de la inmunidad penal extranjera de jefes de Estado (y ex jefes de Estado), cumple la función de proteger los principios de igualdad soberana, autodeterminación, y no intervención, establecidos en la Carta de Naciones Unidas, y en el art. 143 de la Constitución Nacional, haciendo que se respete la máxima par in parem no habet imperium (entre iguales no hay jurisdicción).
El Brasil, en violación de esta doctrina, y el silencio cómplice de la Cancillería paraguaya, que tiene la obligación política de blindar al Paraguay de injerencias externas indebidas, ordenó in absentia la detención internacional de un ex presidente de la República, en un escenario internacional peligroso y delicado, como es el inicio de revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, y la modificación del mismo.
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