Durante la dictadura, cuando algún abuso de tinte político cometido por el régimen se presentaba ante la Justicia, los jueces y la Corte Suprema lo declaraban “no judiciable”, escudándose sumisa e inconstitucionalmente en el permanente estado de sitio. Con más de 35 años de democracia, sigue ocurriendo lo mismo con Itaipú. El escandaloso caso de los pupitres chinos es el último triste ejemplo. Pusilánimemente, los organismos institucionales de la República se apuran a lavarse olímpicamente las manos bajo la falaz excusa de la binacionalidad, cuando en ningún lugar de la Constitución Nacional se establece que ello los exime de cumplir su obligación de proteger los recursos de los ciudadanos y de hacer respetar el orden jurídico paraguayo.
Prestamente, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) suspendió una licitación de la Municipalidad de Ciudad del Este para la adquisición de muebles escolares importados de la República Popular China a un precio de 22 dólares cada juego de mesa y silla, pero, con la misma presteza, se declara incompetente para entender en la compra de muebles de características comparables y del mismo origen en Itaipú por 100 dólares el kit.
La Fiscalía, por su parte, que rápidamente actúa de oficio cuando se trata de algún tema de interés del poder de turno, y que acaba de protagonizar un hecho bochornoso al imputar contra viento y marea a exfuncionarios de seguridad como parte indisimulada de una “vendetta” del cartismo, no se dio por aludida ante los evidentes y públicos indicios de sobrefacturación, ni de producción de documentos de contenido falso, sino que se vio forzada a tomar la denuncia de un sector de la oposición parlamentaria y trasladarla al “cajón” de la Unidad de Delitos Económicos.
Tampoco se pronunció la Contraloría General de la República, cuya función constitucional es el “control, vigilancia y fiscalización” de los bienes públicos y del patrimonio del Estado, dentro de lo cual taxativamente se incluye a “las empresas o entidades multinacionales de cuyo capital participe el Estado de manera directa o indirecta”.
Agustín Encina, titular de la DNCP, dijo que su institución “por ley” no puede intervenir en la licitación por compra de pupitres chinos en Itaipú. “Es una binacional, no hay ningún órgano administrativo que pueda parar este proceso. Estos procesos licitatorios no tienen reconsideraciones ni posibilidad de protestas”, señaló.
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