Se trata de unas 8.000 firmas morosas publicadas por la oenegé Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
El amparo fue promovido por Mauricio Mathias González Pou, bajo patrocinio de la Clínica jurídica de la UNA y la oenegé citada contra IPS.
La resolución fue dictada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro, que revocó la sentencia del 31 de diciembre pasado, dictada por el juez Fabián Weisensee. Este había rechazado la garantía constitucional.
González Pou había solicitado el 9 de octubre de 2019, a través de la ley de acceso a la información pública, la nómina de empresas que incumplen, así como las políticas para evitar la evasión.
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