El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Corte Suprema de Justicia auditan al juez Rubén Ayala Brun por haber otorgado el sobreseimiento definitivo de 27 imputados por una megaevasión en Ciudad del Este. El magistrado tiró el fardo a la Fiscalía y dice que dilataba el proceso.
El vicepresidente del JEM Eusebio Alvarenga (diputado) emplazó por cinco días para que Ayala Brun remita un informe pormenorizado del caso de producción de documentos no auténticos y fotocopias autenticadas del expediente judicial.
El Consejo de Superintendencia de la Corte, por su parte, remitió el caso a la Dirección de General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional para una auditoría de “reacción inmediata”.
La Subsecretaría de Tributación había detectado la utilización de facturas falsas por un monto total de G. 1.602.837.350.819 (un billón seiscientos dos mil ochocientos treinta y siete millones trescientos cincuenta mil ochocientos diecinueve).
De acuerdo con los datos, en diciembre pasado el juez Ayala Brun otorgó el sobreseimiento definitivo de tres acusados por producción de documentos no auténticos Además, dictó el definitivo a favor de 24 implicados en el caso que tenían pedido de sobreseimiento provisional del fiscal Luis Said.
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