La cuestionable decisión de la Cámara de Senadores de restituir los fueros a los legisladores procesados generó un debate jurídico que dividió a la fiscalía y al Poder Judicial. Mientras el fiscal general sostenía que la decisión de los parlamentarios paralizaba los procesos, un juez señalaba con claridad que todo seguía igual y que las causas penales seguían abiertas.
El fiscal general del Estado, en un intento de dar respuesta a la decisión del buscó que el órgano jurisdiccional se pronuncie en los casos de los procesados senadores Erico Galeano, Hernán Riva y Rafael Filizzola.
Los camaristas José Agustín Fernánez, Bibiana Benítez y Cristóbal Sánchez, que tenían el caso Hernán Rivas respondieron que no correspondía la consulta, ya esta figura no está en la ley.
Entonces el fiscal General Emiliano Rolón Fernández acudió a la Corte Suprema, a través de una acción de inconstitucionalidad para suspender los efectos de una decisión de a Cámara Alta.
En su escrito, Rolón afirmó que la decisión del Senado paralizaban los procesos, algo que hasta el momento ningún juez lo había señalado.
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