El 13 de agosto de 2023 caducaba el plazo de vigencia del Tratado de Itaipú. Nada menos que 50 años que por poco asfixian las esperanzas de justicia, por ende de imprescindibles enmiendas de un Tratado, y de una actitud que no le permitieron aprovechar oportunidades de las que le privaron con prácticas colonialistas.
Ayer, sábado 13 de enero de 2024, cinco meses después del vencimiento del dilatado plazo, en una suerte de inventario de lo realizado por nuestras autoridades de turno, nada encontramos de los reclamos históricos del pueblo paraguayo al Brasil: plena disponibilidad de la energía paraguaya en Itaipú y Justo Precio por su excedente que aún hoy “cede” obedientemente al sistema eléctrico brasileño.
Recordemos, esa “cesión”, que en el complaciente léxico de nuestros gobernantes de turno figura como “exportación”, en 39 años de trabajo de la insaciable hidroeléctrica, “compensó a nuestro país”, socio en condominio y partes iguales, con apenas US$ 4,26 por MWh (1 MWh = 1000 KWh).
En esa exploración, parecida a la que realiza un profesional de la contabilidad, tropezamos con realizaciones diferentes a las reivindicaciones históricas, porque responden a urgencias que les impone la coyuntura, coherentes con la política que aplicaron las administraciones que ocuparon la cresta del poder en el Paraguay.
Nos referimos a los no muy reputados “gastos o inversiones sociales”, sobre las regalías que admite el Tratado, inclusive de la compensación, que no es tal, por las que optan las conformistas administraciones que se sucedieron en la cúpula gubernamental.
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