La primera sesión del Consejo de la Magistratura arrancó con un escándalo de proporciones insospechadas. Se trata de un informe presentado sobre la obra de la futura sede, ubicada en Tacuary y 4ª, por la cual ya se pagaron G. 1.300 millones y está plagada de irregularidades.
El abogado Silvio Estigarribia, director de Administración y Finanzas del Consejo de la Magistratura, presentó ayer un resumen del dictamen final presentado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a fines de diciembre último.
El informe tuvo como objeto determinar el estado actual de la obra “Edificio Tacuary”, ubicada en Tacuary y 4ª, futura sede del Consejo de la Magistratura, así como la verificación contractual.
La obra de refacción y remodelación del edificio fue encargada a la firma Aponte Latorre SA, vía licitación pública, y el contrato correspondiente se firmó en diciembre del 2014, bajo la presidencia de Enrique Riera, entonces representante del Poder Ejecutivo, ergo, del presidente Horacio Cartes.
La previsión inicial del proyecto era de que la sede del Consejo de la Magistratura quedara lista en un plazo de 13 meses.
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