Del análisis jurídico, no así del ámbito financiero de la Caja de Jubilaciones del IPS, y de lo que falló la Corte Suprema, se puede concluir que la previsional ha descontado en exceso los aportes de marineros, sobrepasando el tope legal de 300 jornales mínimos. Sin embargo, el IPS pretende otorgar como haber jubilatorio, solamente este máximo que disponen las leyes atacadas de inconstitucionales.
La acción de inconstitucionalidad fue planteada por el abogado Roberto Améndola Galeano, bajo patrocinio del abogado Vidal F. Molinas Cabello.
Estos profesionales alegan: “La fórmula ‘salvaje’ que aplica en forma inconstitucional la previsional, no se compadece en absoluto con los derechos y principios laborales del trabajador, y más aún que, crea un engaño al tener una falsa expectativa, como consecuencia del aporte millonario que hacen mis mandantes, en relación a la pobre retribución que han de recibir al beneficiarse con la jubilación. Ambos artículos (atacados de inconstitucionales) limitan a 300 (trescientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas en la Capital de la República, dentro del año...
Corrido el traslado pertinente, la Fiscalía General del Estado contestó pidiendo el rechazo de la acción deducida, sobre la base de la falta de legitimación de los accionantes para la interposición de la inconstitucionalidad pretendida.
La falta de legitimación, según la Fiscalía General, radicaría en que la citada ley nunca fue aplicada a los accionantes, en razón de que los mismos aún no se acogieron al régimen jubilatorio (es decir, no son aún jubilados). En este sentido –agrega– conceder la inconstitucionalidad de las normas legales generaría una declaración “a futuro” o “preventiva”, contrariando claras normas legales que rigen la acción de inconstitucionalidad.
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