Una eventual ampliación presupuestaria afectaría irremediablemente la actual estabilidad macroeconómica, uno de los atractivos del país de cara a la atracción de inversiones. Gremios empresariales y el Gobierno cierran filas y conforman un equipo para delinear estrategias contra el aumento de US$ 1.800 millones que el Poder Legislativo pretende introducir en el plan de gastos del Estado.
Preocupación es lo que generó en el seno del sector empresarial y en el Poder Ejecutivo las iniciativas parlamentarias presentadas para ampliar el Presupuesto General de la Nación (PGN) vigente e, incluso, para incorporarlas en el proyecto para el 2023.
“Estas iniciativas afectan tanto a los ingresos como al gasto público, principalmente a los gastos rígidos y alcanzan un monto cercano a los US$ 1.800 millones, más otros pedidos de ampliación del PGN 2023 que ya suman alrededor de US$ 350 millones. En total las ampliaciones ascienden a alrededor del 4,8% del PIB, absolutamente infinanciables y que generan un alto riesgo de insostenibilidad de las finanzas públicas a corto plazo”, aseveró César Barreto, exministro de Hacienda y miembro del consejo directivo de (Dende).
Para el titular de la, (ARP), Pedro Galli, las ampliaciones pueden afectar al grado de inversión pues una de las ventajas del país -que motivó una calificación favorable de parte de Moody’s- es nuestra estabilidad fiscal.
“Estamos teniendo disciplina fiscal, con gastos calzados a los ingresos del fisco, y estas iniciativas parlamentarias pueden ponerla en peligro. Hoy estamos en una posición favorable con la calificación país que tenemos y la posibilidad de llegar al grado de inversión en los próximos años, lo que generaría importantísimas inversiones que originarían una cantidad de fuentes de trabajo, que es lo que necesitamos para combatir a la pobreza”, advirtió Galli.
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