Una sola presentación de un amparo judicial para obligar a Salud Pública a cargar con gastos de un paciente Covid en un sanatorio privado, derivó en una serie de acciones similares por otras personas que se encuentran en la misma situación. A la fecha son más de once los recursos de amparo constitucional presentado por […]
Una sola presentación de un amparo judicial para obligar a Salud Pública a cargar con gastos de un paciente Covid en un sanatorio privado, derivó en una serie de acciones similares por otras personas que se encuentran en la misma situación. A la fecha son más de once los recursos de amparo constitucional presentado por parte del abogado Robin Miranda, quien instó a sus colegas independientes a ayudar a los compatriotas que quedan con millonarias deudas tras internarse en el sector privado.
Todo comenzó con el caso de una mujer que estaba internada gravemente en el Hospital Universitario de San Lorenzo, sucursal del sanatorio San Roque, por COVID-19. La paciente desafortunadamente no pudo con la enfermedad y falleció. Su tratamiento en el centro médico dejó un deuda con varias cifras. Esto motivó a la familia a considerar presentar el recurso judicial para obligar a la cartera sanitaria a pagar el tratamiento, en atención a que es un derecho constitucional que debía garantizar el Estado.
La jueza Nancy Duarte de Fernando de la Mora otorgó trámite favorable al recurso y corrió traslado al ministerio de Salud la factura pendiente de pago, sentando de esa manera un precedente histórico y abriendo una puerta para que más paraguayos, que están vendiendo todas sus pertenencias a precios irrisorios a fin de costear tratamientos, puedan acudir al mismo método.
En conversación con El Nacional, el abogado Robín Ramírez expresó que van a seguir presentando amparos hasta que el Poder Judicial se llene o se plantee la problemática a nivel político en el Congreso Nacional. Consideró como injusto que compatriotas que acuden a centros privados por no contar camas en los servicios públicos, deban estar pagando un tratamiento que el Gobierno tendría que haber garantizado.
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