AREGUÁ. Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), presentaron ayer el informe final de la auditoría sobre el uso de US$ 1.000.000 del fondo de emergencia por covid-19 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020) otorgado por el Ejecutivo a la Gobernación de Central. En la rendición de cuentas aparece una catarata de irregularidades y lo auditores se ratificaron respecto a las mismas. Aseguran que el gobernador Hugo Javier González (cartista) no cuidó el uso del dinero público.
Informe final afirma que Gobernación de Central no controló transferencias a CIAP y al Consejo de Salud
Apenas el Ministerio de Hacienda desembolsó el millón de dólares a la Gobernación del Departamento Central, el gobernador el cartista y exanimador de fiestas, Hugo Javier, repartió todo el fondo de emergencia por covid-19, cuyo destino era reactivar la actividad económica en Central.
Entregó G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) presidido por Tadeo Álvarez, para la realización de obras de infraestructura y pavimentación. La otra organización “sin fines de lucro” beneficiada por el administrador departamental es el Consejo Regional de Salud, representado por el doctor Hugo Cabrera, que se llevó G. 1.276 millones para ayudar a hospitales durante la pandemia. Esta última ONG ni siquiera está reconocida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).
En la rendición de cuenta de la institución departamental aparece una serie de groseras anomalías para justificar el uso del dinero público. Es más, los auditores concluyeron que el ”gobernador como ordenador de gastos y máxima autoridad para el manejo y control de sus fondos, no empleó a funcionarios idóneos para e control eficiente de las rendiciones de cuentas presentadas por la fundación CIAP y el Consejo Regional de Salud”.
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