Diputados sancionó la ley al respecto, que apoya a la producción local y cuyo tenor había sido objetado por los importadores. El Poder Ejecutivo deberá promulgar o vetar lo establecido.
El proyecto modifica el artículo 2 de la Ley 4558/11, que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas. Puntualmente, solo establece dicho aumento de preferencia. No prosperaron otras propuestas de comisiones para poner tope hasta el 40%.
De esta manera, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) terminó por ganar la pulseada al Centro de Importadores del Paraguay (CIP), la Cadam, entre otros, que pidieron el rechazo de la normativa.
En el debate de la modificación que originalmente realizó el Senado, hubo fuertes cruces, principalmente por la afirmación de la diputada liberal Celeste Amarilla, de que hubo “incentivo” de industrias farmacéuticas para sancionar el proyecto.
Precisamente, fue la nombrada legisladora quien arrancó con la polémica al sostener que este proyecto era inconstitucional porque atenta contra la libre concurrencia establecida en el artículo 107 de la Constitución Nacional y que no protege a la industria nacional sino “a proveedores del Estado nacionales”.
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