El fallecimiento del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista) y la consecuente suspensión de la sesión ordinaria de la Cámara Baja impidieron que ayer se trate un proyecto de ley presentado por dieciocho diputados opositores para que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), creada por ley en 1964 y convertida en organización no gubernamental (ONG) en 1997, no siga gozando de prerrogativas incompatibles con su carácter de entidad privada, como la de intervenir en la expedición y renovación de licencias para conducir, así como en la intermediación de cobro de otros impuestos municipales. De prosperar la iniciativa, en adelante, estas cuestiones serían de competencia exclusiva de cada una de las 263 administraciones comunales. Esa ONG, al parecer, solo está al servicio de quienes la manejan a su gusto, a costa del interés general.
Importante iniciativa para poner fin a los abusos de la Opaci
El fallecimiento del diputado Derlis Rodríguez (ANR, cartista) y la consecuente suspensión de la sesión ordinaria de la Cámara Baja impidieron que ayer se trate un proyecto de ley presentado por dieciocho diputados opositores para que la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), creada por ley en 1964 y convertida en organización no gubernamental (ONG) en 1997, no siga gozando de prerrogativas incompatibles con su carácter de entidad privada, como la de intervenir en la expedición y renovación de licencias para conducir, así como en la intermediación de cobro de otros...
En efecto, aparte de estar instalada en el aparato estatal, la Opaci goza del raro privilegio de administrar dinero de los contribuyentes; se rige tanto por el Derecho Privado como por el Público, situación esta que no alarmó a la Comisión (“Garrote”) de Investigación Antilavado, concebida para perseguir a organizaciones no gubernamentales (ONG) desafectas, bajo la presidencia del senador Dionisio Amarilla (PLRA, cartista). La Opaci ha venido recaudando, por ejemplo, multimillonarios fondos provenientes del cobro anual de diez mil guaraníes por la emisión y renovación de cada una de las...
Su actual presidente, Óscar Cabrera Narváez (ANR, cartista) –intendente de Guarambaré– cree no estar obligado a rendir cuentas a la Contraloría General de la República, aunque, según dijo, no tendría “ningún problema” en que la ONG sea auditada. De hecho, ya lo fue en 2016, tras varias denuncias publicadas por este diario. Los resultados finales de este examen, conocidos solo siete años más tarde, revelaron que en 2015, estando presidida por Ricardo Núñez, hermano del hoy presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, la entidad sin fines de lucro no había transferido a las municipalidades...
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