El último dictamen que emitió hace apenas un año la Dirección de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que recomienda que los bienes del ex presidente de la República y actual director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, sean investigados de nuevo, confirma que este no rindió cuentas en rigor ante la Justicia sobre la fortuna que acumuló durante sus años en la función pública.
Yolanda Portillo fue la fiscala que dictaminó en enero del 2018 la reapertura de la causa a raíz de la denuncia presentada por el parlasuriano Nelson Argaña, de Colorado Añetete; sin embargo, este desistió por el camino “a pedido de los amigos” del entorno del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
Duarte Frutos se jacta de que fue investigado tres veces por la misma causa. Sin embargo, él era nada menos que la máxima autoridad de la República cuando en el 2006 los fiscales Liliana Alcaraz y René Fernández tomaron el caso por primera vez. Cabe remarcar que esa pesquisa solo se enfocó en los bienes que oficializaron él y su esposa, María Gloria Penayo, según refieren publicaciones de la época.
Duarte Frutos, así como muchos políticos, se valió de la correspondencia de bienes, que de manera extraña siempre les sale a favor en la Contraloría. Quedaron fuera de la investigación nombres claves sindicados como testaferros, como el caso de su ya difunto concuñado José David Orrego, un modesto operador de computadoras que hacía de secretario en Mburuvicha Róga y quien en agosto del 2003 compró una estancia de 3.800 hectáreas por US$ 350 mil, pero es un secreto a voces que en realidad es de Duarte Frutos el campo modelo.
Rosa María Penayo, viuda de José David Orrego, es hermana de la esposa de Duarte Frutos y de trabajar como secretaria en el Banco Central del Paraguay (BCP), en el 2005 pasó a ser accionista de la firma Tembiaporã SA junto con su suegra, Francisca Aquino, según documentos de Hacienda. La sociedad se liquidó en el 2015.
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