Durante la administración de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, se presentaron denuncias con elementos de sospecha suficientes al menos para la imputación contra el expresidente Horacio Cartes, sin embargo todas estas causas duermen en cajones del Ministerio Público.
Desde el 16 de mayo de 2019, cuando el Congreso aprobó el informe final de la Comisión Bicameral Especial sobre el Caso Dario Messer, la Fiscalía tiene conocimiento oficial de presuntos ilícitos cometidos por el “hermano del alma” del expresidente Cartes, con presunta connivencia del exmandatario y otros funcionarios de su gobierno, que al menos habrían omitido controles a las actividades ilícitas del “doleiro dos doleiros” en nuestro país.
Messer está condenado en Brasil por blanquear activos de políticos corruptos del Brasil y que el informe de la bicameral detalló nombre de personas físicas y entidades financieras locales que se habrían prestado a un presunto esquema de lavado de dinero liderado por Messer.
Existen registros de que varias entidades financieras durante el Gobierno de Cartes emitieron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero y Activos (Seprelad), entonces a cargo de Óscar Boidanich, que fueron ignorados.
Messer operó en nuestro país con organismos estatales como el Banco Nacional de Fomento (BNF) e incluso con bonos soberanos del Estado paraguayo.
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