A través de un comunicado, la Coordinadora Intergremial de Sindicatos de Médicos del Paraguay expresa su preocupación por la actual política de Salud, “en el inicio del desarrollo de una nueva fase en la lucha contra las eventuales catástrofes sanitarias que puedan ocurrir con el aumento […]
A través de un comunicado, la Coordinadora Intergremial de Sindicatos de Médicos del Paraguay expresa su preocupación por la actual política de Salud, “en el inicio del desarrollo de una nueva fase en la lucha contra las eventuales catástrofes sanitarias que puedan ocurrir con el aumento progresivo de contagiados en toda la República”, refiriéndose a la cuarentena inteligente que se inició la semana pasada.
Destaca que “las estrategias sanitarias planificadas y que implican una franca y mayor exposición comunitaria, sumadas a la llegada del invierno y las demás enfermedades respiratorias comunes de la época, además de la gravedad que implica seguir prácticamente en el mismo punto cero en cuanto a provisión suficiente y adecuada de los equipos de protección de bioseguridad, nos lleva inexorablemente en los días sucesivos a tener la posibilidad de concurrencias masivas de enfermos respiratorios en los Centros Hospitalarios”.
“Mientras todo este negro panorama ocurre, los organismos financieros responsables de las Instituciones Gubernamentales, llámese Hacienda, Salud Pública, IPS y otros más que debieran estar 100% abocados a sostener económicamente los costos sanitarios y sociales ya muy acuciantes de todos los compatriotas, aprovechan la máxima atención de todos los ciudadanos de bien de este País, para llevar adelante numerosos procesos de licitaciones irregulares, fraudulentas, sobrefacturaciones y muchas otras medidas administrativas viciadas de grosera corrupción, sin tener siquiera los más mínimos...
Los médicos afirman que “si no fuera por las denuncias de funcionarios honestos dentro de tales reparticiones, la difusión por redes sociales, el interés de la prensa y de muy contados parlamentarios, todas estas actividades delictivas no cobrarían estado público y en poco tiempo más traerían como consecuencia catastróficos resultados en esta lucha, en que el 95% de la población paraguaya se encuentra responsablemente involucrada”.
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