La semana pasada concluyó sin que se haya aclarado un intento de arreglo secreto para saldar la deuda de Petropar con Petróleos de Venezuela SA, entre Paraguay y el gobierno interino de Juan Guaidó.
–En una negociación bilateral entre estados, ¿cuándo se estila que debe haber de por medio un abogado y que, además, este represente a una de las partes, y deba cobrar una comisión por “mediar”?
–Bueno, eventualmente un Gobierno puede contratar como asesor a estudios jurídicos especializados, pero con unos honorarios razonables. Así como cuando se tienen que emitir bonos en el mercado de Nueva York, entonces hay estudios jurídicos especializados para realizar los trámites. Pero en este caso se trata de una deuda de Petropar con la petrolera estatal venezolana, PDVSA, pero aparece un abogado argentino que había representado a un familiar del presidente. Entonces no estamos hablando de un abogado especializado para asesorar al Gobierno, sino que además se le debía pagar una comisión,...
–Tampoco cuadra, ¿para qué la parte proponente del acuerdo, Venezuela, contrata los servicios de un abogado, cuando sus términos son concesiones favorables a la contraparte?
–Es cierto. Pero además, nuestro país cuenta dentro de su staff de abogados en el sector público a profesionales con conocimiento suficiente de estos temas. Hablamos de los estudios jurídicos de Petropar, de la Procuraduría o la Cancillería. Es muy sospechoso, sobre todo porque no se encuentran los antecedentes y no se ha informado sobre esta posible negociación muy ventajosa para el Paraguay. Tuvo que estallar el tema a través de una investigación periodística para que nos enteremos, y como en el país ya hay un historial de negociaciones y acuerdos secretos y sospechosos, entonces,...
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