A la Petropar que beneficia a políticos con millonarios recursos para sus estaciones de servicio -sus clientes le deben más de G. 236.000 millones-, el Gobierno pretende dar vía libre para las compras de combustibles “puenteando” la ley 2051 de Contrataciones Públicas. Está en manos de Mario Abdo Benítez ser cómplice o frenar lo que sería un nuevo negociado en la historia de la petrolera estatal.
Gobierno quiere que Petropar, la que enriquece a políticos, ignore ley 2051
Nuestro diario accedió este fin de semana a documentos que revelan la millonaria deuda que mantienen los operadores de estaciones de servicio del emblema . Son recursos que pertenecen a la estatal y que hoy está en manos de empresarios privados, muchos de ellos políticos, autoridades electas como concejales, gobernadores y diputados, además de sus parientes, que se enriquecen en detrimento del capital operativo de la empresa pública.
Según datos internos del propio ente, a los que tuvimos acceso de manera extraoficial, estos operadores de sello Petropar adeudaban G. 236.310.794.765 (US$ 35 millones al cambio actual) hasta el 31 de marzo último, cifra que es mantenida en secreto por el presidente de la petrolera, Denis Lichi, así como por todo el Gobierno de Mario Addo Benítez.
Pero los que se benefician no solamente son los políticos colorados abdistas, también los cartistas y otros amigos de los poderosos de nuestro país. En la nómina de clientes se encuentran nada más y nada menos que Pedro Alliana, presidente de diputados y la ANR (Cartista); también los diputados Erico Galeano (Cartista), Basilio Núñez (Cartista), Tomás “Ever” Rivas (Oficialista), Jazmín Narváez (Oficialista), Blanca Marina Vargas de Caballero (Cartista).
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