El Gobierno y los sindicatos de empresas públicas instalaron una mesa de negociación para discutir el recorte de los privilegiados beneficios. Se analizará caso por caso y se abre la posibilidad de una flexibilización.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda y los representantes de los sindicatos de las empresas públicas se reunieron ayer e iniciaron un proceso de diálogo sobre los recortes aplicados a los beneficios que cobran los funcionarios, por citar algunos: ayuda vacacional, ayuda alimentaria para toda la familia, ayuda escolar para hijos hasta 24 años.
El objetivo de esta negociación es consensuar las medidas para que dentro de un plazo de entre 15 a 20 días, se acuerde la decisión a ser adoptada finalmente y con esto se abre la posibilidad de que se flexibilicen ciertos pagos para los casos que consideran que si corresponde abonar, un punto intermedio entre lo que cobraban y el tope fijado por el decreto reglamentario del presupuesto 2020.
El viceministro de Tributación, Óscar Orué, ministro sustituto en ausencia del titular de la cartera Benigno López, explicó que se acordó analizar caso por caso como afecta a cada institución los topes establecidos a los beneficios adicionales en el decreto que reglamenta la ley de presupuesto.
En ese contexto, se habilitó a que los sindicalistas para que analicen con los respectivos administradores de entidades el tema y presenten una propuesta en la próxima semana, de tal modo a avanzar hacia un acuerdo.
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