Los autoritarios y los corruptos de la función pública pueden estar muy satisfechos con el inicuo fallo que, ignorando las pruebas arrimadas, condenó a este diario –a través de su directora Natalia Zuccolillo y de su periodista Juan Carlos Lezcano– por ejercer su derecho a informar y opinar sobre un asunto de interés general. Es que el juez Wilfrido Peralta les transmitió el claro mensaje de que pueden ignorar la ley, contratando directamente con una organización de la que forman parte, tal como lo hizo la entonces viceministra de Tributación Marta González Ayala en 2016. Como ni el procedimiento seguido ni la membresía apuntada fueron negados por la querellante, cabe inferir que ABC Color se ajustó a la verdad de los hechos.
Los autoritarios y los corruptos de la función pública pueden estar muy satisfechos con el inicuo fallo que, ignorando las pruebas arrimadas, condenó a este diario –a través de su directora Natalia Zuccolillo y de su periodista Juan Carlos Lezcano– por ejercer su derecho a informar y opinar sobre un asunto de interés general. Es que el juez Wilfrido Peralta les transmitió el claro mensaje de que pueden ignorar la ley, contratando directamente con una organización de la que forman parte, tal como lo hizo la entonces viceministra de Tributación Marta González Ayala en 2016, por interpósita...
En cuanto al procedimiento, la Ley N° 2051/03 establece los casos excepcionales que permiten a las entidades públicas contratar sin ceñirse a los de licitación pública o por concurso de ofertas, siendo uno de ellos la existencia de “razones técnicas o urgencias impostergables”. Y bien, el funcionario de la Contraloría General de la República Eulogio Rivas testificó que estas no existieron, como se desprendería de que el periodo de implementación del contrato fue de cuatro meses. Coincidió con esta opinión el director nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, quien ya en 2013 había...
No obstante, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a través del pliego de bases y condiciones, que fue protestado por firmas paraguayas, habría eliminado la libre competencia en favor del Centro Interamericano de Administración Tributaria (CIAT), cuya mesa directiva integraba la propia Marta González Ayala en su condición de viceministra de la República del Paraguay. Debido a que, según su secretario ejecutivo Marcio Ferreira Verdi, el CIAT carecía de técnicos para el trabajo informático, tercerizó en una firma panameña la ejecución del contrato valuado en más de tres millones de...
Pues bien, todo esto fue papel mojado para el juzgador, Wilfrido Peralta, cuya titubeante explicación del fallo dio la sensación de que no entendía nada del tema, a lo que puede agregarse que luego de responder con evasivas las consultas de la prensa sobre su sentencia huyó del lugar, probablemente porque no podía explicar lo inexplicable.
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