Lima, 30 ene (EFE).- El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) sigue enfrentando a la Justicia de su país, que lo procesa por violaciones a los derechos humanos y ha pedido a Chile que amplíe su extradición por otros delitos, a pesar de que en diciembre pasado dejó la prisión en cumplimiento de una resolución del Tribunal Constitucional (TC).
Aunque ese organismo restituyó los alcances del indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante, Pedro Pablo Kuczynski, el Poder Judicial evalúa este martes la solicitud de prisión domiciliaria pedida por la matanza de Pativilca, cometida en 1992 por el grupo militar encubierto Colina.
Estas son las principales claves de la situación jurídica del exmandatario peruano:
Fujimori, de 85 años, salió en libertad el pasado 6 de diciembre luego de que el TC restituyó el indulto de 2017, que al año siguiente fue derogado por un tribunal supremo luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) pidió que se garantice la administración de justicia para las víctimas.
El exgobernante había sido fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las masacres de los Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1991 y 1992, respectivamente, por el grupo Colina, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, tras el autogolpe de Estado que dio en 1992.
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