BUENOS AIRES. La provincia argentina de Formosa cumple hoy una semana desde que su capital volvió a la fase más dura del aislamiento obligatorio, un tiempo en el que numerosos ciudadanos y organizaciones encabezaron fuertes protestas contra la situación, mientras se recrudece la controversia política.
Formosa es, con diferencia, la provincia menos afectada por el coronavirus en Argentina, con 1.428 casos confirmados desde el inicio de la pandemia.
Lo que terminó por minar la paciencia de cientos de formoseños fue el regreso a la fase uno del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) en la capital provincial, decretado el pasado 4 de marzo tras la detección de 17 casos de coronavirus en la ciudad.
La medida, que se extenderá hasta el próximo 18 de marzo, abarca varios tipos de restricciones, como la prohibición de circular sin permiso, la suspensión del transporte interurbano y el cierre de todas las actividades laborales salvo las consideradas esenciales, como la salud o las fuerzas de seguridad.
Como respuesta, cientos de personas salieron a las calles en los últimos días para exigir un “diálogo” con las autoridades provinciales y así poder trabajar, en una provincia con un 42,4% de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
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