Tras casi ocho años de navegar fuera de los márgenes de su propia legislación, Paraguay enfrenta un punto de inflexión decisivo para su credibilidad financiera internacional.
El Gobierno nacional ejecuta un estricto plan de convergencia que busca devolver el déficit fiscal al límite legal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). El programa cuenta con el respaldo técnico y la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Ley n.º 5098 de Responsabilidad Fiscal (LRF), promulgada en 2013 como el gran escudo macroeconómico del país, quedó suspendida en la práctica desde 2019 debido a choques climáticos y la posterior crisis de la pandemia.
Desde entonces, el déficit presupuestario superó sistemáticamente el tope permitido. En el marco del Instrumento de Coordinación de Políticas (ICP) acordado con el FMI, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ratificó su meta de volver a la regla.
Sin embargo, la presión de los compromisos heredados por más de USD 1.500 millones con proveedores internos de los sectores farmacéuticos y de la construcción, así como el ritmo de ejecución actual, ensombrecen el panorama.
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