En junio del año pasado, la fiscala general, Sandra Quiñónez, convocó a la Contraloría y Tributación para conformar una “mesa de trabajo” a raíz de las publicaciones de las declaraciones juradas que revelaron el grosero enriquecimiento de ex y actuales altos funcionarios públicos. Sin embargo, ocho meses después el Ministerio Público no abrió ni una sola investigación.
El 29 de junio del año pasado Sandra Quiñónez convocó a una mesa de trabajo, de la cual participaron el contralor general Camilo Benítez y el subsecretario de Tributación, Óscar Orué. Dijeron que el encuentro fue para trazar línea de trabajo en cuanto a declaraciones juradas que se alzaron en la página web de la Contraloría por orden de la Corte.
Desde un principio se sospechó que se trataba de una maniobra para no investigar a los altos funcionarios. Sin embargo, Quiñónez aseguró en aquella ocasión que no iba haber impunidad.
“Se propicia esta primera mesa de trabajo a fin de articular (mecanismos) con las demás instituciones; queremos ver la trazabilidad y los tipos de informes que serán necesarios para establecer, de manera ágil, una línea de análisis e investigación; el tiempo establecido no significa impunidad, sino que los informes sean eficaces. Es un arduo trabajo, pero no vamos a dar impunidad a nadie”, prometió
El contralor general Camilo Benítez, por su lado, refirió que los datos cruzados establecerán los criterios unificados a la hora de valorar hechos, como enriquecimiento ilícito.
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