El examen final de la Contraloría General de la República reveló que en dicho periodo hubo desvíos de fondos por valor de G. 3.400 millones.
La Junta Departamental de Alto Paraguay, en su afán de pedir justicia y castigo para los cómplices, encubridores y responsables del robo de los fondos públicos, solicitó celeridad en la investigación. El pedido firmado por el presidente del Legislativo departamental, Iván Acuña, y el secretario de la comisión directiva de la Junta, Ricardo Duarte, fue remitido a la fiscala general, Sandra Quiñónez. “La presunción de que el hecho sería tipificado como delito dentro del ejercicio de la función pública en perjuicio del erario público de relevancia penal es grave por lo que solicitamos la...
Similar pedido fue dirigido a la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción. El caso de la diputada Ocampos está a cargo de la fiscala Liliana Alcaraz.
AUDITORÍA. Según el informe final de la CGR, que corresponde al periodo 2017 y 2018, se observaron falta de documentos de respaldo en la transferencia a entidades educativas, becas otorgadas sin que presenten rendición de cuentas, al igual que subsidio y asistencia social a personas y familiares del sector privado, construcción de pórtico de acceso en Bahía Negra; que conforme a la verificación física de los auditores no existía en el momento del procedimiento realizado y se abonaron G. 145.816.611.
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