La empresa iCrop SA, contratada para regular las tragamonedas del país, no reportó ni tiene un plan para informar sobre operaciones sospechas para prevenir el lavado de dinero. Sin embargo, sigue vigente el acuerdo que firmó con Conajzar.
El gerente general de la empresa iCrop SA, Ariel Peña Flores, confirmó a ABC que desarrollan sus actividades en el marco del plan propuesto para la regulación de las máquinas tragamonedas que son explotadas en sitios no exclusivos de juegos de azar del país, autorizado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) con la Resolución N° 34. Consultado sobre el sistema de notificación de operaciones sospechas en cumplimiento de la Ley N° 1015/97 de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, respondió que lo están “desarrollando” con el apoyo de una consultora.
Peña confirmó que a la fecha no realizó ningún reporte a las autoridades y alegó que tienen “cinco meses de vida, se están iniciando”.
De esta manera, la comisión presidida por José Antonio Ortíz Báez, cargo al que fue designado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó contrato directo, sin concurso, con iCrop SA a finales del 2020 para “regularizar” la utilización de esas máquinas que se encuentran en despensas, bares, bodegas y otros sin que el proyecto incluya una estrategia concreta de combate al lavado de dinero o bienes.
El acuerdo establece la legalización de 50.000 máquinas en todo el país (se desconoce de dónde surge ese número). A la fecha ya censó casi 20.000 máquinas. De esa cifra, más de 1.700 ya están catastradas, lo que significa que la firma ya recauda mensualmente entre G. 300.000 y G. 450.000 por cada una de esas máquina (y de ese monto sólo G. 88.051 es impuesto, el 30%).
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