El IPS, bajo la presidencia de Jorge Brítez, utilizó el rubro de “gastos judiciales” para realizar millonarios desembolsos discrecionales entre 2024 y 2025, según resoluciones ocultas a la ciudadanía. Los documentos revelan cómo la Dirección Jurídica, a cargo de José “José’i” González Maldonado, “apuraba” los pagos a proveedores por servicios no contractuales mediante “acuerdos extrajudiciales”, ignorando la exigencia de sentencias firmes recomendada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Una serie de resoluciones del Instituto de Previsión Social (IPS) a las cuales tuvo acceso ABC revela un esquema por el cual se “agilizan” pagos a proveedores usando de manera discrecional el rubro 915 “gastos judiciales”. Los documentos –que sugestivamente no aparecen en el portal web de la institución– muestran cómo la Dirección Jurídica, a cargo de José “José’i” González Maldonado, recomienda al Consejo de Administración, presidido por Jorge Brítez, de manera necesaria formalizar “acuerdos extrajudiciales” para el desembolso de millonarios fondos por servicios que carecen de cobertura...
Un ejemplo claro es la Resolución N° 88-047/2024 del 22 de octubre de 2024. A través de ese documento se aprobó la homologación vía resolución judicial de un “acuerdo extrajudicial” con la empresa Potî, representada por Alberto Palumbo, para el pago de G. 22.520 millones por servicios prestados fuera de la vigencia de contrato.
Resolución N° 057-034/2025 del 26 de agosto de 2025 en la cual se dispuso el pago de G. 3.262 millones a la empresa Data Systems usando el rubro 915 “Gastos Judiciales”. El dictamen, firmado por José González Maldonado y la jefa de Dictámenes y Contratos, Jorgelina Gómez de la Fuente, argumentaba que era necesario formalizar un acuerdo extrajudicial entre partes a fin de que se reúna “el formalismo necesario” para su imputación al objeto de gasto 915 “gastos judiciales”. Párrafo siguiente, esa misma área ya informaba sobre la disponibilidad inmediata en ese rubro de G. 4.500 millones para...
Bajo una redacción casi idéntica, la Resolución N° 042-009/2025 del 3 de julio de 2025, benefició al Consorcio Central, representado por Mariela Carolina Molas. En este caso, se autorizaron G. 10.726 millones por servicios fuera de contrato, de los cuales G. 6.900 millones ya estaban listos para ser transferidos al momento de la firma.
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