La jueza Tania Irún falló en favor de cuatro empresas “offshore” (cuyos socios se desconocen) con 300 mil hectáreas ubicadas en la frontera entre Paraguay y Brasil. Parte de estas tierras del Chaco…
La jueza Tania Irún falló en favor de cuatro empresas “offshore” (cuyos socios se desconocen) con 300 mil hectáreas ubicadas en la frontera entre Paraguay y Brasil. Parte de estas tierras del Chaco, fueron donadas por la Asociación Espíritu Santo al Estado paraguayo que a través del INDERT, fueron adjudicadas a unas 7000 familias chaqueñas, además de municipios locales.
La sentencia se encuentra controvertida y está en manos de la Cámara de apelaciones, sin embargo llama la atención la inacción de distintas instituciones que debieron haber tomado intervención por verse afectadas tierras públicas y vastos territorios de fronteras, protegidos por la Ley de Seguridad Fronteriza.
“La jueza Irún cometió el delito de prevaricato, que ocurre cuando un magistrado resuelve cuestiones fuera de las leyes vigentes. En este caso hablamos de la Ley de Seguridad Fronteriza, que prohíbe la transferencia de tierras a extranjeros y mas aún si son conciudadanos de la frontenra que se esta resguardando”, aseguró el abogado Osvaldo Bittar.
La citada normativa, crea una “zona de seguridad fronteriza en la franja de 50 kilómetros adyacente a las líneas de frontera terrestre y fluvial dentro del territorio nacional” Al mismo tiempo, establece que “salvo autorización por decreto del Poder Ejecutivo, fundada en razones de interés público, como aquellas actividades que generan ocupación de mano de obra en la zona de seguridad fronteriza, los extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes de la República o las personas jurídicas integradas mayoritariamente por extranjeros oriundos de cualquiera de los países limítrofes...
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