La Universidad de Buenos Aires conjuntamente con la Ley Paraguaya S.A. ofrece, para el período académico 2019/20, el Programa de Actualización en Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo con el objetivo de brindar a los profesionales paraguayos una formación de alto nivel sobre el sistema internacional y nacional de control de estos ilícitos financieros. El Programa abarcará tanto la prevención como el sistema de inteligencia e investigación financiera y las herramientas de represión de los principales delitos económicos vinculados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, con especial énfasis en las recientes modificaciones legales y normativas en el Paraguay y considerando el contexto global y regional en este ámbito. El adiestramiento en estos temas permitirá al alumno comprender el alcance actual sobre las principales amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, diferentes instrumentos que buscan mitigar estos riesgos y el valioso aporte tanto de sujetos obligados como de los organismos de inteligencia y de represión, en el marco del complejo conjunto de disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
La Universidad de Buenos Aires conjuntamente con la Ley Paraguaya S.A. ofrece, para el período académico 2019/20, el Programa de Actualización en Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo con el objetivo de brindar a los profesionales paraguayos una formación de alto nivel sobre el sistema internacional y nacional de control de estos ilícitos financieros.
Se trata de la primera edición en Asunción de una actividad académica que cuenta con la experiencia exitosa de ocho ediciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina.
Este Programa entra en la categoría de Posgrado debido a la carga horaria (100 horas cátedra) y cuenta con la certificación y el aval de la mencionada casa de estudios, una de las instituciones académicas más prestigiosas del continente,
El objetivo es capacitar a abogados, asesores jurídicos, económicos y contables, funcionarios de organismos reguladores, órganos de investigación penal, así como también a consultores de entidades bancarias, cooperativas, aseguradoras, casas de cambio, concesionarias de vehículos, administradores de empresas y de otros sujetos obligados por la legislación vigente.
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