Quito, 19 sep (EFE).- La Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos de Ecuador exigió este jueves al Gobierno que cumpla su obligación de proteger la vida y derechos de autoridades penitenciarias que trabajan en un entorno de riesgo, y condenó el caso de María Daniela Icaza, asesinada a tiros hace una semana en Guayaquil.
Exigen al Gobierno de Ecuador proteger la vida de autoridades penitenciarias en riesgo
La Alianza humanitaria, en un comunicado, condenó enérgicamente el asesinato a tiros de Icaza, que ejercía como directora de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país y ubicada en la ciudad portuaria de Guayaquil.
También deploró "la falta de cumplimiento del Estado de sus más elementales obligaciones para prevenir la violación de los derechos fundamentales de la funcionaria Icaza" y de otras autoridades penitenciarias del país.
"Este crimen es el reflejo y producto de una crisis penitenciaria sin precedentes en Ecuador, en la que los funcionarios encargados de la seguridad y rehabilitación de personas privadas de libertad se encuentran en altísimo riesgo", subrayó la alianza de organizaciones.
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